(BOLR núm. 131, de 22 de octubre de 2014)
Introduce en el ordenamiento jurídico una serie de medidas que conllevan la agilización de procedimientos y trámites junto con una regulación del uso de medios electrónicos para conseguir, en conjunto, una Administración Pública que sea un instrumento más eficaz al servicio de la ciudadanía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario